Entre los proyectos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad figura una ley para “construir una sociedad que no humille nadie” que, en palabras de la ministra de ese conglomerado —mezclar sanidad con política social y con igualdad me parece forzar en exceso el castellano— pretende que “nadie pueda sentirse humillado por razones de nacimiento, raza, sexo, convicción, discapacidad, edad, religión, identidad sexual o enfermedad”.
Encomiable fin para un proyecto llamado “ley de igualdad de trato y no discriminación”. El problema —problemas, porque hay más de uno— es el precio.
Señorita —o señora, ya que desconozco su estado civil— Pajín, me plantea serias dudas que una ley pueda usarse para “construir” una sociedad, aunque la sociedad resultante pudiera ser la “repera”.
Mire usted, Doña Leyre: la ingeniería social impuesta (sea por ley, o por cualquier otro instrumento) no construye sociedades más justas. Entre otras cosas, porque la justicia debe salir del corazón, la conciencia y la voluntad de los ciudadanos. Entre otras cosas porque la justicia impuesta es siempre justicia sólo de unos: los que imponen su modelo. Entre otras cosas porque garantizar la igualdad no es lo mismo que imponer la igualación.
Miedo me dan los gobernantes —aunque sean democráticos— que pretenden cambiar el mundo a base de leyes y decretos. ¿Acaso no hacen lo mismo los gobernantes no democráticos?
Doña Leyre: tanto que les gusta criticar a la Iglesia y decir que ésta no tiene derecho a imponer su visión del hombre y del mundo, y resulta que ustedes, en cuanto se les deja, están dispuestos a hacer eso mismo. Pero es que encima la Iglesia no impone un modelo: lo propone. Ustedes van mucho más allá.
Y en el colmo de los despropósitos, en su proyecto de ley se contempla una institución jurídica propia de países totalitarios y de viejo corte comunista: la inversión de la carga de la prueba. Esto significa que si alguien —quien sea— es acusado de discriminar por cualquiera de las razones contempladas en la ley, debe ser él quien pruebe su inocencia.
Al margen de lo aberrante de tal principio jurídico, yo me pregunto: ¿y eso cómo se demuestra? Es diabólico, doña Leyre. ¿Cómo puede alguien hacer visibles sus procesos mentales, las causas reales de su toma de decisiones en base a una libertad que no le ha concedido ningún Estado, sino que le pertenece por el simple hecho de ser un ser humano, una persona?
Porque ése es otro tema: el Estado no concede la libertad humana, la reconoce. A veces parece que eso les duele.
Mire, Señora Pajín —cambio el tratamiento para asegurarme que en uno de los dos supuestos acierto— si soy un empresario que se juega su dinero —el del empresario, no el suyo— querré contratar el personal más cualificado con independencia de raza, color, religión, ... Señora, ¡qué en ello me va el modo de ganarme la vida!
De la misma forma, como ciudadano, quiero a los mejores tomando decisiones. Me da igual el sexo. Lo que no me da igual es que por poses estúpidas de cara a la galería, la mitad tengan que ser de un sexo y la otra de otro. Repito: quiero a los mejores, ¡aunque todas sean mujeres u hombres!
Háblele de discriminación positiva al que, estando mejor preparado, se queda sin trabajo por un tema de “cupo” de igualdad. Dígale a esa persona que estamos construyendo una sociedad que no “humille a nadie” mientras le condenamos a deambular por las colas del paro. Dígale a esa persona que, precisamente él, no ha sido discriminado por razón de su sexo o por cualquier otro motivo. Dígaselo, doña Leyre.
¿Sabe lo más triste? ¡Usted sería capaz de decírselo! ¡¡Y de creérselo!!
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