"Dura lex, sed lex"

Y no es publicidad incrustada —algo muy de moda en series y programas informativos— de un fabricante de vajillas de vidrio, sino un “latinazo” con muchos años que viene a recordarnos el imperio de la Ley que, a fuerza de ver lo que hemos visto, ha ido pasando al olvido. La ley puede ser dura, incluso injusta, pero es ley y está ahí para que se cumpla.

En una sociedad con una clara cultura política en el sistema de separación de poderes no haría falta explicarlo: la justicia de una ley no depende de los jueces, sino de los legisladores (esos a los que ustedes eligieron hace unas semanas). Es a ellos a los que hay que pedirles cuentas. Y la justicia debería quedar a salvo de sus trapicheos y componendas políticas, de la misma forma que la Administración, como poder ejecutivo, debería limitarse a gestionar los asuntos públicos con absoluta neutralidad política. Lo que ustedes están acostumbrados a ver cada día, ¿verdad?


El caso es que hace unos días os medios de comunicación denunciaron —porque informar es otra cosa— que la Audiencia de Valencia había denegado la inscripción en el Registro Civil español de los dos hijos que un matrimonio de dos homosexuales valencianos tuvo a través de un “vientre de alquiler” en Estados Unidos.

Por mucho que periodistas, tertulianos y políticos blasfemen y despotriquen en arameo, la ley española es nítida al respecto: será nulo de pleno derecho "el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero".

Lo que estos dos señores trataron de hacer fue un fraude de ley, conducta tipificada en la legislación española, por la que deberían ser encausados y juzgados. Esa es la verdad. Este es el verdadero principio de igualdad: una sóla ley para todos. Esa es la primacía de la que habla el “latinazo” del principio. Si el fraude se hubiese intentado para evadir impuestos todos los que ahora apoyan esta conducta cambiarían diametralmente de opinión.

No sólo tiene razón el juez al rechazar la inscripción de los dos niños que, desde luego, no son culpables ni responsables de nada. Es que se queda corto.

Pero es que además, el propio juez, que no debería estar obligado a tener que justificar las razones morales por las que la legislación española prohibe los vientres de alquiler, probablemente dándose cuenta por anticipado de las reacciones adversas que su decisión iba a desatar, señala el verdadero porqué de la cuestión: “la prohibición de la gestación por sustitución persigue, al menos en abstracto, la defensa del interés de los menores, pues pretende impedir que la vida humana sea objeto del comercio”.

Ahí está el tema. Y lo que duele en el fondo a más de uno. No es una cuestión de derechos de los padres. Ni de discriminación de las parejas de homosexuales. Ni de que los niños vayan a ser apátridas, porque lo cierto es que tienen un padre (el donante) y una madre (la mujer que los gestó en su interior) y la posibilidad de una doble nacionalidad. No. Es una cuestión de dignidad humana. La última frontera. La que nunca debimos ni plantearnos rebasar.

Con la vida humana no se comercia. No puede ser objeto de compraventa. Ni de negociación. Ni patrimonializada como objeto de derechos. Los seres humanos somos sujetos ante la Ley, nunca objetos...

“Dura lex, sed Lex”. Y menos mal, porque esta vez es justa y apropiada, aunque no les guste y no sea “políticamente correcta” con los vientos que corren.

Por eso, no puedo estar de acuerdo con el terrorismo informativo con el que se ha tratado esta noticia. Ni con los intentos de influir en la sociedad y forzar una solución jurídica intachable y modélica.

Basta de tonterías. Digámoslo claro: ¡el ser humano no está en venta! Nunca. En ningún momento de su vida. No existe un derecho a ser padre. El que existe es el derecho a ser querido, cuidado y tratado como hijo. ¡Entiéndanlo de una vez!