Justicia democrática

Les prometía la semana pasada —como hacían Tip y Coll sobre el gobierno— hablar de la defensa que desde algunos sectores se hace de la “justicia democrática” en el contexto de los tres juicios que se siguen en el Tribunal Supremo contra el juez Garzón.

Los tiempos han querido que, desde entonces, nos hayamos enfrentado a otros dos temas judiciales de enorme transcendencia mediática: el veredicto del jurado popular sobre el “caso Camps” y la anunciada y extensa reforma de la Justicia anunciada por el titular del ministerio, Alberto Ruiz-Gallardón.

Sinceramente, me aburre y hastía la desinformación, juicios paralelos y hasta la capacidad adivinatoria de algunos para conocer intereses y voluntades ocultas. Y sobre todo, me produce comezón que no se respeten las reglas del juego o que éstas pretendan cambiarse una vez iniciado o al terminar el mismo con un resultado no apetecido. Es como si hacemos una carrera y concluida decidimos que la medalla de oro es para el último clasificado. Eso sí es una estafa.

Veamos... Alguien tiene que decirlo alto y claro. A Garzón no se le juzga por perseguir la corrupción de los políticos, por pedir subvenciones a un banco, o por intentar “reparar” a los afectados por los crímenes del franquismo. Ni siquiera por la calidad de su trabajo. A este juez se le juzga por saltarse la ley, con plena conciencia de hacerlo, al no respetar las garantías procesales de la relación abogado-cliente (interviniendo sus conversaciones), al no inhibirse en el enjuiciamiento de causas contra personas e instituciones con las que ha mantenido relaciones económicas (instruir un caso que afectaba a quien le había concedido una subvención), y al obviar una ley de amnistía emanada del Parlamento democráticamente elegido y la mitad de los principios generales del derecho (abriendo una causa penal por crímenes doblemente prescritos).

El Tribunal Supremo decidirá si las actuaciones de Garzón constituyen o no delito. Mi opinión personal es que sí, pero aceptaré el veredicto aunque sea el contrario porque ésas son las reglas del juego. Ésta, y no otra, es la verdadera justicia democrática: la separación de poderes y el respeto mutuo entre ellos. Y por mucho que les pese a ciertos partidos hoy en la oposición, por ahí van los tiros en la reforma presentada por el ministro de Justicia. Cuanto más lejos estén el ejecutivo, el legislativo y el judicial, mejor.

¡Basta de demagogias! La justicia no emana del pueblo. La labor de los jueces es aplicar las leyes. Con criterios de justicia, sí, pero con la ley por delante. Si la ley es justa o injusta no les compete. Eso es cosa de los legisladores, y a ésos, los elegimos cada cuatro años...

La “democratización” de la Justicia no tiene que ver nada con jurados populares, ni con que los partidos políticos elijan a los órganos gestores de los jueces y, mucho menos, al Tribunal Constitucional. La “democratización” no puede suponer la aparición de mini parlamentos en cada sector y en cada despacho de la administración. La justicia comenzará a ser democrática si las leyes que deben ayudar a alcanzarla emanan de los representantes del pueblo y éstos se preocupan de ser verdaderos representantes, valga la redundancia, de sus votantes y no de sus partidos.

Y aún así, no olvidemos que democracia y justicia no son sinónimos, ni existe relación de causa-efecto entre ambas. Democráticamente se pueden promulgar leyes injustas. Existen. Por ejemplo, casi todas las referidas a un hecho que empieza por “abo” y termina por “to”. No les doy más pistas...

Lo curioso es que muchos de los defensores de la llamada “justicia democrática” son los que estaban con o jalean a los que, tras el veredicto de inocencia del jurado popular en el “caso Camps”, se dedican a manifestar su repulsa y disconformidad con el mismo, incluso acudiendo a la vivienda del ex-presidente de la Generalitat a insultarle, injuriarle y, con la sentencia en la mano, calumniarle. ¡No quiero ni pensar lo que habrían hecho de haber sido declarado culpable! ¡Ni tampoco quiero pensar qué les harían a los miembros del jurado para los que no quedó suficientemente probado el crimen del que se acusaba a Camps!

Especialmente sembrado ha estado el testigo clave de la acusación, el “sastre” que se atrevió a calificar de “insulto a la inteligencia” el veredicto. ¿Llamar estúpidos a quienes no le han creído le hace sentirse mejor, o le hace más creíble? ¿Y qué decir de los medios que han realizado juicios paralelos y que hasta siguen buscando veredictos populares alternativos tras la sentencia?

Al margen de consideraciones sobre su gestión al frente de la Generalitat o de cómo se enfrentó a la propia crisis de los trajes, la realidad y las reglas del juego son las que son. Alto y claro: Camps era inocente hasta que se demostrase lo contrario y no han conseguido demostrarlo. No hay más. Se acabó. Basta.

No vale hablar de diferencia mínima por un voto. Entre otras cosas porque para condenarlo hubieran hecho falta tres votos más, y no uno. Y porque la decisión del Jurado, una vez adoptada, es sólo una.

No vale decir que no ha probado que pagara los trajes, porque eso es algo que, jurídicamente, nunca estuvo obligado a hacer. Además, ¿cuántos de ustedes serían capaces de demostrarlo? La verdad judicial es que el Jurado no quedó convencido con las pruebas presentadas. Documentalmente las cifras nunca coincidieron, ni siquiera el número de trajes, que iban pasando de mano en mano conforme se desarrollaba la vista. Y pruebas testificales hubo en todos los sentidos: ¿por qué creer la última versión de un testigo que, en anteriores ocasiones, ha dicho cosas distintas, y no a conversaciones privadas, ilegalmente grabadas, de aquéllos que supuestamente hicieron los regalos negando tal hecho? ¿Por qué no creer a un policía nacional, testigo directo, y sí a otros que sólo dan fe del testimonio de terceros?

La justicia no puede basarse en indicios y sospechas generales sobre la honradez de los políticos. Los hechos mandan. El patrimonio de la familia Camps no ha crecido. Existen facturas falsas. No hay correspondencia contable que avale lo que los testigos de la acusación dicen. El principal de ellos ha ido cambiando sus versiones y se encuentra incurso en otras causas penales contra él. Los testigos de la defensa corroboran la versión de los acusados. Les guste o no, éstos son los hechos.

Aquello de que la mujer de César no sólo ha de ser honrada, sino parecerlo, es útil y válido en el plano moral, a la hora de ejercer el derecho al voto, pero no para condenar judicialmente a nadie. Ni antes del juicio, ni mucho menos después.

Disculpen, pero ¡ya basta de manifestaciones y rabietas de mal perder! Las cosas no son como uno quiere, sino como son.