Inocencia perdida

Hace unos meses el gobierno presentó un proyecto de ley en el que se arbitra una medida que, como mínimo, está en el filo de lo constitucional.

Resulta que los jueces, en casos de divorcio en los que deban decidir sobre la custodia de los hijos menores, nunca podrán fallar (ni siquiera en régimen de custodia compartida) a favor del cónyuge imputado por malos tratos. Léanlo otra vez por si no se han dado cuenta —no tienen por qué conocer las “trampas” del lenguaje jurídico— o no pueden creer lo que han leído. Efectivamente dice “imputado” y no “condenado”... Aunque se nos machaque con la idea contraria, un imputado es tan inocente como un no imputado mientras un juez no le condene.

La medida, en boca del entonces vicepresidente —hoy candidato a presidente— del Gobierno, D. Alfredo Pérez Rubalcaba, se debe a que “pensamos en los niños por encima de la presunción de inocencia”.


Obviaré el recurso fácil de recordarle los miles de niños no nacidos —que sean niños a secas es sólo cuestión de tiempo—en los que su Gobierno “no pensó” al ampliar los supuestos despenalizadores del aborto. Al respecto me conformaré en calificar su acción de erigirse en paladín de la infancia como un ejercicio de cinismo —observe que no le califico a usted, sino a sus obras— mayúsculo.

Quisiera más bien señalarle dos hechos fundamentales antes de entrar de lleno en el meollo de la cuestión. El primero se refiere a la práctica —ya habitual— en los procesos de divorcio y separación, por la cual los cónyuges se cruzan acusaciones de malos tratos y abandono, utilizando a los niños como moneda de cambio y presión. Deplorable. Ya sé que usted no tiene la culpa de ello, pero deberían haberlo tenido en cuenta.

El segundo hecho que quiero señalarle es la sensibilidad social sobre este tema que, prácticamente, obliga en todos los casos a abrir diligencias de investigación de las que derivan imputaciones judiciales, aunque luego, el número de condenas suele ser un porcentaje mínimo. Supongo que es difícil probar ciertas cosas aún siendo ciertas. Pero más difícil es cuando no lo son.

Pero —fíjese, D. Alfredo— lo más preocupante es proponer que puedan tomarse medidas condenatorias antes de que exista una condena. ¿Sabe por qué? ¿No lo adivina? Porque los niños —los no nacidos también, no puedo evitar recordárselo— tienen derecho a su padre y a su madre. Porque aunque luego se demostrase que la acusación no era cierta y judicialmente se tratase de poner remedio a una situación de alejamiento injusto, lo cierto es que el daño ya estaría hecho. La rectificación siempre llegaría tarde entre sentencias y apelaciones varias: el progenitor acusado habría “perdido” a sus hijos, y éstos —lo que es mucho más grave, porque son a quienes intentan ustedes defender— a su progenitor... Odio, incomprensión, rencor. Mala cosa, ¿no?

Sr. Rubalcaba, ¿cuándo hemos olvidado que las garantías procesales es lo que diferencia un estado de derecho de una dictadura? ¿Acaso no hay juicios —y jueces— en esos países? La presunción de inocencia es una de las piedras angulares de un sistema jurídico que aspire a la Justicia. Justicia con mayúscula.

Sr. Rubalcaba, ¿cuándo hemos decidido que el fin justifica los medios?